El país de los cuatro sótanos

“Hay un elemento fundamental de corazón… la gente se siente invisible”

José Antonio Vargas Vidot

“Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”.

Atawalpa Yupanqui

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Este es el comienzo de la crónica de un país en quiebra. La terrible historia de unos personajes que la hundieron impunemente. Los protagonistas colectivos de esta penosa saga son en orden aleatorio de aparición: las Corporaciones Públicas, los Bonistas, el Departamento de Hacienda, los Gobernadores, las Casas Acreditadoras, el Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Los Municipios. Actores alegóricos, responsables todos del desastre fiscal del gobierno. Pero, no por alegóricos signifique que no tienen caras, nombres y apellidos conocidos. Los otros personajes que habitan esta narración son Chaco, mi interlocutor silente, Juan del Pueblo, el Clan de los Siete Samuráis de la Junta y Socios y Allegados.

El examen de los hechos que informo, están contenidos en un archivo bibliográfico3 que cubre los años de 2012 al 2016 y, aunque haya diferencias de cálculo y valoración entre los autores que la analizan (incluyéndome), no afecta la verdad de la representación que aquí se hace del siniestro hundimiento fiscal, ni de los temas centrales que ilustran la bancarrota fiscal y económica del país. El tono, el ensamblaje, las metáforas y las comillas son mías, y las sospechas son compartidas.
Recojo de manera libre, pero fiel a los datos “hard facts”, las diversas opiniones públicas en torno a este tema que, a mi modo de ver, marcan el punto de inflexión y aceleración de la llamada crisis fiscal y económica que se irá intensificando en los medios de la prensa escrita a partir del 2014-2015 hasta convertirse en un asunto que al presente ocupa el espacio mediático de máxima importancia en el devenir económico y socio-político de la isla.

Mi recuento transita en los límites del género, entre lo referencial y lo textual, entre el ensayo y la narración, recogiendo el pulso diario de una amplia y diversa gama de economistas, historiadores, planificadores, políticos, escritores, empresarios, inversionistas, sociólogos y, sobre todo, periodistas de investigación que, en el día a día, van dando cuenta desde apreciaciones diferentes, coincidentes y antagónicas el sentir y el pensar en torno a un problema de magnitudes insospechadas en nuestra historia reciente.

Un mosaico poliédrico de opiniones que va tejiendo el imaginario colectivo de esta crisis convertida en una trama de intrigas, reclamos, pronósticos ominosos, fórmulas diversas de recuperación económica y, como es de esperar, inculpaciones de lado y lado del espectro político partidista.

La lectura de los hechos que aquí comparto es desde luego coyuntural, aunque no por ello menos político pues de alguna manera todos somos testigos (víctimas y cómplices) de este desmadre fiscal. Al momento que escribo el Comité de Transición, se enfrasca en los dimes y diretes en torno a la gravedad de la crisis económica de las agencias y corporaciones públicas. Todos reclaman “transparencia” -significante que de tanto manoteo y manipulación ha dejado de significar.

Dicho esto, comencemos con el orden de las cosas.

1.

Puerto Rico ha sufrido el embate de varias crisis económicas a partir de la invasión norteamericana. La expansión del capitalismo industrial y la consecuente “descapitalización” de la economía puertorriqueña a principios del s.XX. La progresiva subordinación de la incipiente clase propietaria puertorriqueña a la nueva economía colonial. La zucarocracia de los años ’30 y ´40 con la ausente presencia de los inversionistas norteamericanos. El desmantelamiento de una economía patriarcal de hacendados criollos a una de plantaciones. La pérdida de una agricultura de sustento y el aumento de la dependencia alimentaria de insumos y productos importados. Las leyes de cabotaje. La industrialización con Operación Manos a la Obra en los años ’40 y ´50 y la expansión manufacturera. CORCO, la industria petroquímica y los frecuentes ciclos de contracción económica a lo largo de lo que va de este siglo. Un mal endémico del paradigma de la subordinación económica que por décadas la partidocracia del patio escondió debajo de la alfombra del desarrollo económico con préstamos que se pagaban con más préstamos. Y ahora que la “vitrina de la democracia” y el progreso económico se ha hecho añicos, hemos descubierto (lo que muchos ya sabían) que las luces, los atrezos y los maniquís de figurillas políticas eran solo eso, puchiplumas na´ más. El sahoco estaba en la trastienda.

En el 1973 (comenzando el primer mandato de RHC) padecimos una recesión combinada con inflación acuñada con el nombre de deflación en la que se reduce la producción y la demanda. (Escenario similar, aunque agravado por el que actualmente atraviesa la economía de la isla). En el ´73 fue la crisis del precio del petróleo que la precipitó. La misma tuvo como consecuencia la congelación “across the board” de precios y salarios. La solución en aquel momento fue la extensión federal de los cupones de alimento y la aplicación de los beneficios contributivos de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal a compañías manufactureras norteamericanas -principalmente las industrias farmacéuticas- para que se establecieran en la isla.

Con el “Romerato” de los ocho tenebrosos años de Romero Barceló (1977-1984) la deuda acumulada aumentó de $5,587 millones a $8,693 millones. Luego con la segunda venida de dos interminables cuatrienios de Rafael Hernández Colón (1985-1992) la deuda creció un 35%. El flamante Pabellón de Sevilla ‘92 y las rimbombantes fiestas del V Centenario del Descubrimiento entre otros embrollos le valieron a Puerto Rico el premio de una suntuosa deuda multimillonaria. Los próximos dos cuatrienios (1993 al 2000) le tocó el turno a la mano dura de Pedro Roselló -a quien la oposición lo apodó Alí Babá- por los escándalos de corrupción de sus cuarenta correligionarios de gabinete y por sus faraónicos proyectos escandalosamente costosos que empujaron al gobierno a un déficit fiscal de deuda acumulada de $27, 160 millones.

Es hacia finales de la incumbencia de Sila María Calderón (2004) que comienza la caída -del que aún no hemos salido- de la imparable contracción de la economía puertorriqueña.

Con el malogrado cuatrienio del gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008) aumentó significativamente la deuda pública lo cual resultó en una degradación en la calificación de bonos. La crisis se empeoró con el vendaval que creó el cierre temporero del gobierno central que, entre otros factores coyunturales, se agudizó con la “genial” solución de la implantación del IVU y la invención en 2006 de COFINA, que sirvió (y sirve) de instrumento financiero que “legalizó” la llamada deuda extra-constitucional.

En el informe de presupuesto de transición del saliente gobierno (2008) truquearon los números. Para cuadrar el presupuesto se incluyó $500 millones de la venta de la cartera de cuentas por cobrar y se estimó en +2.1% el crecimiento económico a sabiendas de que la economía estaba en negativo -3.8%.

Entonces sufrimos el (in) fortunado gobierno de Luis Fortuño (2008-2012) y su Legislatura. La receta ponzoñosa de la “medicina amarga” de la Ley 7 resultó en el despido masivo de empleados públicos y el aumento sin precedentes de gastos millonarios en contratos espurios y endeudamiento de decenas de miles de millones de dólares del fisco, fueron los logros de esa administración que le asestó la herida mortal a las finanzas públicas. Apenas a un año de su incumbencia -en enero de 2009- logró transferirle a los bonos de Cofina el doble de los ingresos recaudados por el IVU para justificar la venta de más bonos del Banco Santander y de otros bancos. El esquema de saqueo establecía “legalmente” la emisión multimillonaria de bonos en especial con aseguradoras subsidiarias del Banco Santander. De hecho bajo el gobierno de Fortuño la dirección del BGF se convirtió en un nido de ex ejecutivos del Santander. En el 2011 volvió al mercado con otro préstamo de $2,900 millones. En el presupuesto de transición del año 2012 falsearon el informe presupuestario. El mismo se cuadró con $230 millones de la partida del IVU que no existían (un aumento de un 20%) bajo el supuesto de que el IVU Loto recaudaría hasta un 80% más al año. Y se incluyó un estimado de $150 millones en ingresos adicionales que tampoco existía por concepto de auditorías a las corporaciones foráneas.

Durante los años 2009 y 2010 el gobierno de Fortuño recibió alrededor de $7, 000 millones de los llamados fondos ARRA (fondos que el saliente Comisionado Residente Pedro Pierluisi reclama como uno de sus logros), y las aportaciones del gobierno federal aumentaron en 18.3%. Para el año 2010 las transferencias de fondos federales superaron en $1,209 millones los ingresos del Fondo General. El déficit real del gobierno saliente rondaba los $2,000 millones y se emitieron cerca de $14,000 millones en préstamos bajo su incumbencia. Durante su mandato Fortuño cogió prestado $16,000 billones en bonos y se gastó $9 billones en contratos privados.

Nos preguntamos, ¿adónde fue a parar todo ese dinero?, o mejor dicho ¿a cuáles bolsillos fueron a parar? ¿Será éste otro misterio del insólito caso de Miss Fondos Blanqueados?

Entonces entró en escena el desgobierno de García Padilla (2012-2016) con sus leyes de emergencia fiscal, de moratoria y de quiebra criolla. Su gobierno desembolsó cientos de millones de dólares en consultores, asesores y cabilderos cuyo gran logro fue la creación de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización de la Economía (PROMESA) aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016. Dicha ley autoriza la intervención unilateral del aparato fiscal del gobierno, es decir, un asalto “legal” a la democracia representativa y una expropiación “legal” de los poderes constitucionales de Puerto Rico. PROMESA parió la hidra “legal” de siete cabezas bautizada con el nombre de Junta de Supervisión Fiscal (JFS) que crea una suerte de gobierno tutelar “legal” dentro del gobierno electo, subordinándolo a un mero ente administrativo. Y aquí es donde estamos, Chaco.

La suma de estos factores históricos, evidencia el colapso del modelo económico de dependencia “extractibista” impuesto por el Congreso norteamericano desde sus comienzos. Un sistema económico diseñado para el control y la insolvencia. Desde antes de Muñoz Marín, de gobierno en gobierno, la economía puertorriqueña sometida a la dependencia del capital foráneo y al mantengo federal, nunca ha logrado sacar los pies del plato, por el contrario se ha ido precipitando jalda abajo en caída libre, arrastrando el peso muerto de una deuda mórbida, inconcebiblemente gorda. Tal parece que el único índice de crecimiento sustentable es la gorda deuda mórbida, que atrae más deuda como un imán. Todo lo demás se desvanece en la boca como una burbuja de champán.

En el país de las maravillas mientras más ahorra el gobierno más se gasta, mientras más empleados se despiden más aumenta la nómina, mientras más aumentan los impuestos menos se recauda, mientras más leyes anticorrupción mas escándalos de traqueteo, mientras más reducción en los contratos de asesoría hay más asesores y consultores, mientras más se defiende la educación pública más se les machaca a los maestros. Mientras más presupuesto inyectan al Sistema de Retiro de los Empleados Públicos más insolvente se vuelve, mientras más impuestos nos encajan, menos dinero hay en la caja china de Hacienda, mientras más fondos federales más reseco está el Fondo General, mientras mayor es la contracción económica más se llena el Choliseo y más aumenta el consumo. ¿Y los dineros adónde se fueron, adonde se van? Todo se desvanece en la boca como una burbuja de champán.

$13 mil millones en ahorro estimado en los últimos diez años con el despido de 88,000 empleados públicos. 24% de reducción en las plazas del gobierno. 12% en reducción de gastos en las corporaciones públicas. 35% de reducción de personal de confianza de las agencias. 30% aproximado de reducción del presupuesto del Fondo General y de otras entidades como la Universidad de Puerto Rico. El IVU de 11.5%. La Patente Nacional. 90 impuestos nuevos. Miles de millones en transferencias de programas federales. $47 millones invertidos en la reorganización de la AEE para que nos sigan subiendo la luz. Solo en este cuatrienio se han gastado alrededor de $500 millones en cabilderos. Súmale consultores y asesores legales y financieros. ¿Y el dinero adónde se fue?

40% de la población mayor de 65 años y 57% de niños viven bajo condiciones de extrema pobreza. 537,000 adultos mayores de 575,000 que se estima viven en la isla, se encuentran fuera de la fuerza laboral. 300 mil personas aproximadamente han emigrado al Norte en el último lustro y muchos más siguen optando por el Jet Blue Solution. El Banco Gubernamental de Fomento (la ATH de las agencias públicas) para revivir su cuerpo comatoso, tuvo que darle un electro shock, y se chupó con un vacun cleaner marca “claw back” cientos de millones de dólares provenientes de docenas de agencias, entre éstas las mejor capitalizadas como la ACAA y el Fondo del Seguro del Estado, sin hablar de los fondos de los Municipios Autónomos. Desvistieron a un santo para vestir otro y dejaron a los dos en cueros. Y el dinero de las millonarias emisiones de deuda, ¿adónde se fueron, a donde se van? Todo se desvanece en la boca como una burbuja de champán.

Somos el país por milla cuadrada que más “universidades” tiene (37) y menos “universitarios” produce. El país que más agencias de gobierno tiene (120) y que peor servicio ofrece. Un Departamento de Educación que tiene más presupuesto que varios países de Centroamérica y apenas puede atender a sus estudiantes de Educación Especial. Tenemos el tren urbano más caro por milla cuadrada del mundo y al único lugar que va es a la quiebra. Somos el país en que las iglesias proliferan como hongos en las marquesinas y solares baldíos y que más crímenes de violencia de género reporta. Contamos con más puntos de droga que escuelas, farmacias y gasolineras. Somos una isla de 3.4 millones de habitantes, más pequeña que la ciudad de Nueva York que tiene un alcalde con una población de 8.4 millones, pero nosotros mantenemos a 78 alcaldes, con 78 vicealcaldes, y 78 administraciones municipales con sus respectivos asesores, consultores y vela güiras. Somos la paradoja encarnada de una ficción típica del trópico llamada colonia.

Bienvenidos al país de los cuatro sótanos, cada uno más oscuro que el otro, más profundo e impenetrable. Un sótano en Washington, uno en la bóveda de la Reserva Federal, otro en Wall Street, otro en el Pentágono, uno recién estrenado en el Trump Tower y otro remodelado en el Centro de Minillas. Un multipisos de sótanos intangibles para las pequeñas maniobras del Estado soterrado. Sótanos para el estado corporativo, sótanos para el estado policíaco, sótanos para el estado industrial del complejo militar, sótanos para las agencias de inteligencia, sótanos para el control y la vigilancia de los ciudadanos. Para los prestamistas y los pagadores, para los acreedores y prestadores de este laberinto bizarro de sótanos al que le siguen construyendo más sótanos para mantener la mórbida deuda gorda de los dueños del poder económico, del crédito y del embargo.

2.

El desarrollo de estos hechos explican las consecuencias de la declaración explosiva del gobernador Alejandro García Padilla de que “la deuda es impagable”. Afirmación que supuso un manotazo al avispero de las casas acreditadoras y a los bonistas e inversionistas de toda laya que tienen en el sótano pillado 70 mil millones de dólares. Y, como es de suponer, en este panal de comején, monstruosamente inmanejable, están los grandes y súper grandes intereses corporativos y financieros de la socialité: jueces, políticos, empresarios, e inversionistas y allegados. Manotazo que bien podría destapar la madeja de inversiones de alto riesgo, de fraude, de contubernios financieros, de complicidad y de posibles transacciones ilegales –como la entelequia fiscal de la llamada “deuda extra constitucional”- prácticas que por décadas se hicieron a espaldas del pueblo. Hecho éste que les ha servido de excusa para retirarle la confianza al gobierno en los mercados de capital. Pero, lo cierto es que la deuda es impagable, es inmoral y la culpa está muy bien distribuida.

Como sabemos el business de las casas acreditadoras es vender deuda para ganar dinero a partir de una clasificación establecida. Por ejemplo A+ para deuda de inversión segura a un porciento de interés relativamente pequeño y C hacia abajo para una inversión de riesgo con un porciento sanguinario. Por consiguiente, son las casas acreditadoras las que establecen las reglas del juego de la compra y venta de bonos de inversión de capital. Dependiendo de su clasificación, el gobierno de Puerto Rico puede o no vender deuda para coger prestado para hacer obra, invertir en mejoras permanentes o levantar nueva infraestructura y, al propio tiempo, garantizar los servicios esenciales y los pagos al principal acordados. Todas estas transacciones se realizan de acuerdo a las fuentes de repago, de ingresos propios y de gastos del gobierno central según los datos suministrados por el BGF.

Si el gobierno falsea los números y/o si las casas acreditadoras no corroboran como les corresponde por ley la información financiera, tentadas quizá por las ganancias de miles de millones de dólares, los inversionistas por un lado, estarían comprando deuda bajo condiciones engañosas y el gobierno, con la compra de bonos a tutiplén, se estaría endeudando cada vez más y más. No podemos olvidar que la venta de bonos es también un mega negocio para los intermediarios de la banca financiera que, a su vez, necesita cada vez más capital de inversión para generar más deuda pública, para aumentar más ganancias para generar más deuda. Es el ciclo de la especulación de las casas de “curetaje”.

Este escenario dantesco del espiral de endeudamiento a través de los años, explica cómo la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica, así como muchos de los Municipios entre otras dependencias gubernamentales de servicios esenciales con presupuestos multimillonarios, hayan caído en la más abyecta insolvencia. Las deudas de las corporaciones públicas aumentaron de $27, 209 millones en el 2006 a $47,979 millones en el 2015 y pica y se extiende. ¡Un aumento nada más, ni nada menos de $20,770 millones en apenas ocho años!

Por solo dar un ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, una agencia que arrastra la inconcebible deuda de $9mil millones (hay quienes la calculan en $11,000 mil millones), las casas acreditadoras le otorgaron clasificación de bonos de inversión, posiblemente a sabiendas de la insolvencia que arrastraba desde antes del 2010. Más aún, la cantidad que las firmas de inversión prestaron para mejoras capitales y mantenimiento no solo no se llevaron a cabo, sino que año tras año se le estuvo prestando para las supuestas mismas mejoras. Peor aún, se estuvo pagando el barril de petróleo a precio de oro, pero comprando el de pescao abombao, el más contaminante y de peor rendimiento. Entonces, el dineral que tomaron prestado ¿adónde fue a parar?... o es que hay un plan maestro, no necesariamente para privatizar la AEE per se como se ha denunciado (pues no hay quien cargue con ese muerto, ni brujo que lo reviva) sino para entregarle a los “revitalizadores” los suculentos contratos multimillonarios de infraestructura que ya asoman por ahí. Por ejemplo para la construcción del complejo de Aguirre Offshore Gasport (AOGP). Dicho esto, ya está en la mesa pendiente de aprobación la moción de reconsideración de la AEE ante la Comisión de Energía de Puerto Rico -que posiblemente sea desmantelada por la nueva administración. Para colmo de traqueteos Alejandro García Padilla, apenas nueve días después de su juramentación, nombró a la Junta de Gobierno de la AEE a Harry Rodríguez García, quien poco después asumió la presidencia. Dicho nombramiento fue empujado por el convicto Anaudi Hernández, ex recaudador del PPD. Dios los cría, Chaco. La situación de la AEE Ilustra, a modo de botón de muestra, el festín de esta danza de los millones que por décadas bailaron al son que le tocaban, igual un vals que un bolero, con guitarra o con violín.

No deja de levantar banderas de alerta las posibles clasificaciones fraudulentas de las casas acreditadoras en contubernio con ejecutivos de las grandes firmas de inversión y con la complicidad de altos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica y de otras corporaciones gubernamentales. No deja de levantar bandera de alerta de un posible esquema “legal” para validar la ilegalidad de la deuda extra-constitucional. Todos parecen bailar al son que le tocan en la guarida del pirata.

Si al círculo de este Inferno financiero le añadimos el hecho de que Carlos García y Juan Ramón González, miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, fungieron de presidentes del Banco Gubernamental de Fomento durante la incumbencia de Rafael Hernández Colón y de Luis Fortuño respectivamente y ocuparon altos puestos ejecutivos en el Banco Santander. Ambos fueron responsables de una cuantiosa suma de la deuda pública de este país, encargados de flotar deudas billonarias con un interés de usura. Ramón González fue presidente de Santander Securities del 1986 al 1989 y de Santander BanCop del 2001 al 2008. En el caso de Carlos García, durante su presidencia en el BGF, facilitó la emisión de $61,000 millones en bonos del Banco Santander obteniendo un botín de $1,100 millones en honorarios. Luego de su renuncia fue nombrado vicepresidente del Santander Holdings USA. Por otra parte José Carrión III, el flamante presidente de la JSF, es un alto ejecutivo experto en seguros, cuñado por más señas del ex comisionado residente Pedro Pierluisi y vinculado a la familia dueña del Banco Popular. Carrión III manejó cientos de millones en bonos de Puerto Rico y está directamente vinculado al negocio de la industria de gas natural. Ojo aquí a la pezuña.

Entonces, qué hacer, qué esperar de estos ilustres linajudos de las finanzas en la que se ha depositado la responsabilidad de enderezar, sanear, estabilizar, administrar y disciplinar el erario con un Plan Fiscal maestro. El futuro del fiasco del fisco queda pues en sus inmaculadas manos con la complacencia de los mismos que la arruinaron. Ellos juran que no vienen a gobernar excepto si el gobernador no toma las decisiones correctas. ¿Ironía o cinismo? Entonces, dónde está la transparencia, si algunos de estos señores ha sido juez y parte de este desmadre.

Lo que tenemos en realidad es una apropiación “legal” del tesoro público para “cuadrar” el presupuesto y regresar al mercado de bonos y de paso, porqué no, acomodar los intereses bona fide de sus socios inversionistas. Tal es así, que se llegó a considerar para dirigir la JSF a un tal Bill Cooper, uno de los artífices del lenguaje de PROMESA y director de Staff del Subcomité de Energía que preside el recalcitrante conservador Rob Bishop, sin hablar de que estuvieron considerando nombrar a Fernando Batlle otro ex-vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico bajo el mandato de Luis Fortuño y presidente de Valores Santander a cargo de las emisiones de bonos municipales. ¿Habrá alguna pezuña metida en esto?

Ahora bien, de la terna de candidatos: Bielenberg, Fontana y Shah que la Junta “propuso” para coordinar la llamada “revitalización de la economía” el gobernador realizó el simulacro de libertad condicionada y escogió a Mister Bielenberg pero, ¡Atención… Atención!, resulta que los tales candidatos son socios activos de McKinsey, Erns & Young y PwC´s Capital Proyects & Infraestructure respectivamente. Empresas especializadas en proyectos de infraestructura. No podemos obviar que según la Ley PROMESA estos proyectos llamados “críticos” de infraestructura podrían llevarse a cabo sin subasta, sin cumplir necesariamente con la reglamentación ambiental, ni con el Plan de Uso de Terrenos y con una aprobación fast track de permisos que sería la exquisitez desmedida de todo contratista.

La JSF también contrató a Proskauer Rose como la principal firma externa de consultoría legal -responsable de la redacción de la llamada ley de quiebra criolla- y que ha tenido contratos tan recientes como en junio pasado con el BGF por $6.6 millones. La JSF contrató también como asesor legal externo a la firma local O´Neill & Borges, empresa en la que fue socio Pedro Pierluisi y en la que hasta hace poco trabajó su hijo mayor Michael Pierluisi, recién designado para dirigir el DACO. O´Neill & Borges le ha facturado $2.2 millones en contratos al Banco Gubernamental de Fomento y al presente mantiene un contrato de $95,000 hasta junio de 2017. La JSF contrató también a la empresa Mc. Kinsey & Co, como Consultor Estratégico. La misma firma en la que Aaron Bielenberg “fue” socio activo. Pero tranquilos boricuas que son solo $2 milloncitos mensuales que le pagamos a la Junta por su abnegada y desinteresada hazaña de enderezar las finanzas del país.

En la cancha de Washington se está jugando el Wall Street Golden Open. Donald Trump acaba de designar a varios cangrimanes de la raqueta: Steven Mnuchin como secretario del Tesoro, Wibur Ross como secretario de Comercio, Todd Ricketts como subsecretario de Comercio y RexTillerson como Secretario de Estado.

Veamos: Mnuchin, un veterano de las finanzas en Wall Street, fue director de Finanzas de la campaña presidencial de Trump, jefe de Información Financiera de Goldman Sachs, una firma que maneja inversión de riesgo (mejor conocida en el ambiente como buitres) que le ha vendido a Puerto Rico miles de millones en préstamos. Los tumbes más recientes fueron en contubernio con Fortuño en el 2011 y con García Padilla en el 2016. En el primero fue por $1.4 billones de inversión para privatizar la autopista PR-22 y PR-5 por 40 años con una ganancia aproximada de $400 millones anuales, y el segundo caso Agapito renegoció una extensión de 10 años más con una inversión de $115 millones con una ganancia de $1.25 billones para Goldman y Abertis (la corporación española que entró en el guiso). Y como si fuera poco, acaban de nombrar a Luis Fortuño a la Junta de Gobierno de Abertis. ¿Habrá alguna pezuña metida en esto?

Volvamos al Wall Street Golden Open y a Mister Mnuchin. Entre otras encomiendas del designado secretario del Tesoro, que nos toca directamente, está la reforma contributiva de Trump y la coordinación de la asistencia que el gobierno federal nos provee. Mnuchin, como es de suponer, se opuso firmemente a la Ley de Quiebra para Puerto Rico y se opone a la ley Dodd-Frank que regula las operaciones de inversión de Wall Street. Fue uno de los que adquirió el banco IndyMac en quiebra por $1,600 millones que poco después vendieron por la bagatela de $3,400 millones. Uno de sus principales socios es nada menos que John Paulson (¿se acuerdan de él? Ley 20 y ley 22 para millonarios residentes en la isla) pues ahí está Mr. Paulson, uno de los inversionistas que más se ha beneficiado de la crisis económica con la compra de propiedades devaluadas y quien participó en la nebulosa emisión de $3,000 millones en bonos en el 2014.

Por su parte, Wibur Ross tampoco es un pellizco de ñoco. Es un inversionista con una modesta fortuna estimada en $2,900 millones. Experto en reestructuración de empresas quebradas (ojo al pillo) y crítico, por demás señas, de los acuerdos comerciales internacionales (TPP, NAFTA y TLC) del gobierno de Obama. Es fundador del fondo de inversión WL, Ross & Co. Su opinión sobre la deuda de Puerto Rico es monda y lironda: el gobierno es demasiado grande y hay demasiada gente chupando fondos del mantengo federal. En otras palabras Chaco, hay que reducir la nómina y eliminar beneficios sociales. Seguro que este raquetero profesional tiene en juego varios millonsejos atascados en el botín de la deuda. Todd Ricketts es un jugador menor, otro inversionista multimillonario, no menos poderoso de la industria financiera.

Pero ¿qué me dicen de Mister Rex Tillerson para la secretaría de Estado? Este acaudalado petrolero es el principal jugador y (CEO) de Exxon Mobil, condecorado además por el Gobierno ruso. ¿Transparente como el fango, no? Habrá que seguirles la pista a estos pescadores cuando empiece el río revuelto de la desregulación y los pejes gordos de los contratos comiencen a saltar como esturiones.

Entonces, digo yo, sería exótico preguntarse ¿a quién o a quiénes se les van a otorgar estos suculentos contratos de infraestructura? Entonces, ¿sería razonable sospechar que por inclinación, digamos natural, favorecerían los intereses de sus socios corporativos y allegados? Entonces, a estos Bielenbergs de la vida que suponemos vienen con mucho ímpetu, le vamos a pagar un billetaje por sus nobles y sacrificadas “coordinaciones revitalizadoras” y le vamos a entregar, como se supone, el guiso y el guisómetro también. Ya Donahue, Alix Partners, et al, se guisaron 47 millones de la arruinada AEE y $30 millones más a los asesores de los asesores de los acreedores, pero ¡tranquilo boricua que ahora es que es!

¡Habrase visto transparencia igual! ¿O es que la mezcla de necedad, impotencia e incompetencia que causa este tóxico coctel de la deuda pública, ha dejado como zombis a Juan del Pueblo, a los cortesanos de Santa Catalina y a los tecnócratas criollos de la vieja escuela de la toma y dame? ¿Y la Junta qué tal?... pues bien, organizándose, como debe ser, para otorgar contratos imprescindibles de asesoría legal, de consultorías estratégicas y de otros “servicios de asesorías profesionales”. Están moviendo sus fichas, como debe ser, para cumplir con el acomodo razonable según dicta la ley PROMESA. Transparente como el fango… ¿no? Cosas veredes, Chaco.

Cómo terminará esta telenovela turca que recién ha comenzado con el desenmascaramiento del ELA, con la llegada del clan de los siete samuráis y su gesta civilizadora, con nuestro Revitalizador, con los nombramientos, con las firmas de Asesores Externos Internos y demás Allegados que prometen originales peripecias de la mano del nuevo gobierno tutelado. Ya Donald Trump está blindando su gabinete de top executives corporativos. En entrevista con Reuters prometió desmantelar la ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, para desregular la especulación financiera.

Habrá que ver Chaco, qué quedará de nuestro estado de derecho, rehén de una Junta, protegida por los godfathers del estado corporativo y acatada por sumisión digamos inevitable del gobierno tutelado. No se trata de que hayamos retrocedido al 1900, se trata en realidad de que nunca nos movimos más allá de la Ley Foraker. Es el efecto del Sillón Syndrome (S.S. por sus siglas en español e inglés). La sensación de que nos movemos aunque seguimos en el mismo lugar. La ilusión de que avanzamos aunque no nos hemos movido ni un centímetro. (Zenón de Elea tenía razón: la flecha no se mueve, la tortuga no será alcanzada por Aquiles). Lo demás es ficción jurídica, un engaño más monumental que la deuda pública.

3.

Ante este catastrófico escenario, amueblado de personificaciones y cosificaciones, el fisco se presenta en escena como un enfermo de gravedad, candidato a cirugía mayor; como tumor maligno al que hay que extirpar; como cuerpo moribundo o comatoso; como abismo, precipicio, agujero; como golpe terrible; o bien como barco a la deriva, como naufrago en medio del mar abierto; como chatarra o desecho, como ruina o botín de buitres revoloteando sobre las piltrafas del tibio cadáver fiscal. La deuda pública se resignifica en la metáfora antropomórfica, se transforma en sujeto de una cosa que por su peso muerto, cae vertiginosamente hacia un sumidero que no parece tener fondo.

En este episodio de clavado libre en la piscina seca de la res pública, el personaje llamado Juan del Pueblo sumido en la incertidumbre de su propia indefensión observa estupefacto mientras cae, a los protagonistas del desastre enfrascados en un fuego cruzado de recriminaciones y trilladas declaraciones de transparencia. Estos son los funcionarios de la puerta giratoria de salientes y entrantes administraciones. De los bonistas, de los carísimos ejecutivos de las grandes corporaciones públicas y privadas, de las casas desacreditadoras y de los sibilinos consorcios de seguros de inversión y tumbe. Personajes todos de esta penosa saga en proceso que promete convertirse en el melodrama de un país que se soñó nación y despertó territorio. De un pueblo que se inventó a sí mismo el consuelo de ficción de una igualdad imposible.

Aquí la mentira, el fraude, la usura, el oportunismo, la negligencia, la corrupción, la ineptitud administrativa y la complicidad son, cuando menos, las señas de identidad que caracterizan a estos personajes que fueron saqueando sistemáticamente el patrimonio fiscal del país. ¿Una épica de la picaresca? ¿Una epicaresca? ¿Un oxímoron de país?, cuyos héroes son buscones con caras de yo no fui y que a la postre van a misa, chinchorrean y en la misma mesa comen y cantan las igualas. Todo se desvanece en la boca como una burbuja de champán.

En este folletín novelado, a las vacas gordas del otrora idílico territorio se les fueron secando las hinchadas tetas y el maná del cielo dejó de embuchar los devoradores bolsillos de los cangrimanes. Devastada la ínsula, entran a escena los siete samuráis (novel versión criolla de los héroes de Marvel) ciñendo sus refulgentes extintores larvicidas para fumigar el zika de las contaminadas finanzas del territorio de manos de sus mañosos administradores. Juan del Pueblo crispado por el atropello de los pisa verdes - a quienes le había confiado velar por sus lechugas- le abre los brazos de par en par a la promesa de estos adalides que regresan del ’98. Le abre los brazos con la fe puesta en castigar la gula irresponsable, apostar a que el muerto resucite y confiar en que habrán de desinfectar la gran casona del mercado de capital. Todo en aras de conquistar la confianza del poderoso caballero Don Dinero. Por supuesto sin austeridad, sin despidos, sin aumento de precios, ni reducción de salario, ni alza en los impuestos, pues como dicen, la esperanza es lo último que se pierde aunque sea la del perro flaco soñando con longaniza. “¡Piedad Señor, Piedad para mi pobre Pueblo”, donde mi pobre Juan se morirá de nada!

Esta fábula bien podría ilustrar a modo de un caricaturesco grafiti en las fachadas de cada uno de los miles de edificios abandonados que engalanan las ruinas de nuestras ciudades, si no fuese por el hecho de que la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, resultado del espolio de las finanzas públicas por aquellos a quienes le confiamos su regencia, están vivitos y coleando por virtud de la complicidad e impunidad de los otros y de los nosotros.

Se lo tumbaron todo, pero nos dejaron el clan de los siete samuráis. “Esta es la tierra estéril y madrasta”, la tierra de la PROMESA de los siete años. Sobre ella pende la espada de Damocles en la cabeza de Juan del Pueblo. El maná seguirá cayendo sin embargo en los hambrientos bolsillos de los encopetados paladines.

Pues, Chaco, tal parece que aquí no ha pasado nada….todavía.

4.

Sabemos que las fuentes noticiosas de expresión pública no garantizan la veracidad del hecho. Toda opinión resulta a la postre tendenciosa, pues filtra la evidencia documental a través de sus preconcepciones. (Aquí asumo mi responsabilidad y derecho a ejercer mi sentir y pensar crítico). De ahí que podemos constatar cómo, por ejemplo, el hecho super documentado de esta crisis fiscal y económica, informa las más variadas y peregrinas interpretaciones y soluciones.

Sabemos que la crisis fiscal y económica de Puerto Rico es estructural debido a su condición de subordinación al capital foráneo. La crisis se debe también a un problema de liquidez crónica en las arcas del Fondo General producto del traqueteo histórico de los partidos con las finanzas públicas. Se debe a la desindustrialización en el sector manufacturero y a la desventaja -por diseño- en las exportaciones de bienes y servicios. Se debe también al fracatán de exenciones contributivas (las tangibles y las intangibles), a la falta de fiscalización, al padrinazgo partidista, y sobre todo, a su historia política y económica. Biografía en la que, por supuesto, no puede faltar la mano poderosa de nuestro tío Sam a quien admiramos de frente y repudiamos de espaldas.

Sabemos que la crisis es orgánica por la forma en que está organizado el gobierno a base de prebendas y lealtades que estimulan la incompetencia y la corrupción. Es la ortodoxia partidista la que no ha podido articular una visión de desarrollo económico más allá de uno o dos cuatrienios. Mucha sombrilla pa´quí, mucha consolidación pa´ya, pero a la hora de la verdad se durmieron en las pajas sin un plan de recuperación económica y “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

Sabemos que el apetecido manjar del mantengo federal fue un dique que solo retrasó lo inevitable. La carrera del coco/pavo de quien gana más fondos federales, se convirtió en balón político del bipartidismo y no es para menos pues en trasferencias netas representa miles de millones de dólares anuales -más del 25% del Producto Nacional Bruto- fondos que para efectos de desarrollo económico no impactan directamente la actividad productiva del país, pero sin ellos Chaco, nos come un caballo mellao.

Sabemos que en las elecciones de Estados Unidos ganó la derecha ultraconservadora con una agenda a mediano plazo de desregulación del capital financiero, de aumento gradual en las tasas de interés de la Reserva Federal, de reducción de impuestos a las grandes corporaciones y de reducción sustancial en las aportaciones federales de los que Puerto Rico depende como náufrago aferrado a un frágil leño.

Sabemos que dadas las condiciones materiales de nuestra condición económica, para activarla a corto plazo se va a necesitar un “jumpeo” del Tesoro Federal pues tarde o temprano alguien tendrá que abrir la billetera o sacar la Guardia Nacional a la calle. A menos que ocurra el milagro de los “panas” y de los pejes: los bonistas guardan su cuchilla legal y tranzan. O a menos que el Task Force de Desarrollo Económico de Puerto Rico ponga una pica en Flandes y logre que el Congreso apruebe un paquete de propuestas de desarrollo y revitalización económica para Puerto Rico. O que PROMESA imponga el Título III o el Título VI de la ley y obligue a las partes a negociar de “buena fe”. De lo contrario Chaco, no habrá capullito de alelí, ni lamento borinqueño que valga.

Sabemos por los hechos que la “medicina amarga” empeoró al paciente. Pero, ahora la nueva estrategia de revitalización es “romper en frío”, una nueva receta para curar la adicción a la wellfaremanía. Luego, luego ¿qué vendrá?... ¿romper en seco, el shock therapy, la inyección letal de más préstamos, el water boarding en los sótanos del estado corporativo?

Sabemos que la crisis fiscal no es una figura retórica sino política. Sabemos que los culpables de la deuda tienen cara, nombre y apellido, se rascan y andan por ahí tal cual. Sabemos que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad pues seguimos en la noria histórica de elegir a quienes nos engañan y dividen.

Sabemos que reducir la deuda como un ejercicio aritmético de contabilidad fiscal para cuadrar el libro, disciplinar el fisco y pagar lo que se debe, sería filete para los bonistas, jamón para los inversionistas y hueso duro para los pobres.

Sabemos que las mentiras hace tiempo se han institucionalizado, que la memoria colectiva es cada vez más corta, no hay más que oír la retahíla de promesas de los partidos gobernantes. Y sabemos que nuestro abnegado General Manager de este próximo cuatrienio se prepara para la suprema definición: cumplir o no cumplir con su promesa de acatar a PROMESA. “Aquí tiene su informe señor….lo que usted entienda mejor, señor…, necesito su visto bueno, señor..., ¿puedo proceder... lo interrumpo señor?.., disculpe señor pero, no le recomiendo…, sí, sí, entiendo ¿me puedo retirar?... gracias, señor…”

Sabemos que las mentiras y medias verdades se han naturalizado en el discurso mediático y el pueblo le sigue entregando su confianza a la clase política instalada en el poder, a pesar del descrédito que tiene dentro de ese mismo discurso mediático. Son las tretas de la demagogia, de la retórica del miedo y de la palabrería de un porvenir de igualdad ciudadana. Son los cantos de sirena que la gente quiere oír y creer aún a sabiendas del engaño. Por eso las promesas son parte del menú a la carta que los partidos confeccionan para arrimar seguidores a su brasa.

Sabemos que eso es parte de la democracia corporativa y sabemos que esas son las reglas del juego de las elecciones representativas. Y para bien y para mal eso es lo que trajo el barco, Chaco. Solo cambia el collar del perro.

Sabemos que nuestro Juan del Pueblo es un Sísifo criollo con dos peñones. Mientras sube el peñón del estatus, rueda el peñón de la deuda. Cuando sube el peñón de la deuda, cae el peñón del estatus. Y así en un eterno retorno de los dos peñones. Pero sabemos que nuestro Sísifo entre peñón y peñón se da su escapadita del Hades fiscal para comprar en los Moles hasta que le cierren el portón de la tarjeta. Ya veremos…

Sabemos que no sabemos cómo ni cuándo se va a resolver esta crisis. Sabemos que no sabemos cómo deshacer este nudo gordiano, si con machete o con pistola. Sabemos que no sabemos cuál es la hebra precisa para deshilar este embrollo de hilos que nos dejó Ariadna en el laberinto. Ni siquiera sabemos (aunque sospechamos) cuál es la deuda ilegal, tampoco sabemos (aunque sospechamos) de cuánto será la condena nuestra de cada día. Sabemos que la Junta tampoco lo sabe, pero sí sabemos que más tarde que temprano o más temprano que tarde nos viene pa´encima una avalancha de demandas.

Sabemos de sobra que la deuda es descomunal, incalculable, y sabemos que la deuda no engordó sola, que son personas no personajes quienes le echaron la tóxica levadura y sabemos que dudosamente tendrán su día en corte.

Sabemos que hay una maraña de intrigas y de pezuñas metidas en ese saco de 70mil millones en deuda y $44 mil millones en déficit actuarial y que los responsables de la deuda, acreedores y deudores por igual le huyen a una auditoría independiente capaz de ponerle el rabo a la musaraña.

Sabemos que la Junta no vino a deshojar amapolas hawaianas, sino a empuñar el hacha republicana y sabemos que los nuevos ejecutivos gubernamentales de este jardín político de máximo esplendor están impelidos a obedecer. Pues sabemos que el ELA nunca fue estado, nunca fue libre y que ahora, desasociado por los poderes de las tres castas del gobierno federal, se evapora como un espejismo en su propia bañera ideológica.

Sabemos que estamos en un callejón sin salida, entre la espada y la pared pues todas las decisiones son malas para unos, para otros o para ambos. Sabemos que las circunstancias políticas y socioeconómicas son negativas. Sabemos que cada mes aumenta exponencialmente el déficit y la mórbida deuda engorda. El problema es la urgencia y la urgencia es el problema pues la situación es tan crítica y compleja que no hay solución a corto plazo, a menos que se haga un “reset” del sistema financiero, una bariática al cuerpo mórbido de la deuda.

Sabemos que las bandas de expertos financieros de Wall Street, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, Nacional, Central, de la Reserva Federal, de las cuadrillas de las Kruegers y de la huestes de las grandes corporaciones y bancos de inversión de capital, andan por ahí con sus fórmulas de revitalización, con sus recetas mágicas y con promesas de salvación económica debajo del sobaco, listos para el tumbe de los millones, desde luego.

Sabemos que los funcionarios que nos metieron en esta olla podrida no han tenido la babilla para reclamarle al Congreso su cuota de responsabilidad política. El cordero eñangotao son los que nos han gobernao.

Entonces… ¿qué hacer?

La crisis fiscal ha precipitado la crisis política que se venía cuajando desde hace años. Los políticos endeudan el gobierno para mover la economía y la economía perpetúa a su vez a la clase política en el poder. Pero cuando ese poder político no tiene siquiera el control de su política económica entonces, Chaco, tenemos la tormenta perfecta para una crisis humanitaria.

El resultado de las elecciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos aunque de maneras divergentes confirma el hecho de una reificación del discurso de la austeridad por encima del bienestar social y de los asuntos fundamentales en donde se nos va la vida como sociedad. En el caso de Puerto Rico, el efecto de las elecciones apunta prima facie a un desgaste del bipartidismo vis a vis el crecimiento del voto independiente. En el caso norteamericano, a un endurecimiento de la supremacía blanca, racista, nacionalista y ultraconservadora. Escenario éste políticamente explosivo y adverso para los derechos civiles de ambos países.

No obstante, el ámbito de lo social y de lo político en ambos países, atascados en la retórica de estas narrativas partidistas, se empieza a sacudir de la molicie de su zona de confort. Y se vislumbra en el horizonte que habrá movilización ciudadana. La crisis económica no se resolverá, excepto para los ricos, por lo que seguramente a la clase política en el poder se le hará muy difícil gobernar sin intimidación y violencia.

Estamos viviendo días muy aciagos y lo peor parece que está por llegar. Sin embargo, estamos viendo un aumento en la organización ciudadana que exige ser parte de la discusión pública sobre los problemas que aquejan al país. ¿Estará surgiendo una nueva voluntad social de reclamar el espacio de lo propio? ¿De una reapropiación de la cosa pública por los ciudadanos y para la ciudadanía? Habrá que ver si estos nuevos agenciamientos de empoderamiento al calor de esta crisis secularizada, en efecto, podrán cambiar el rumbo incierto del país.

En este sentido, apostamos por la esperanza de un país diferente que se aleja poco a poco de la pezuña cazadora de los dos partidos tradicionales. ¿Será esto un espejismo o una esperanza del idealista que llevamos dentro?

Habrá que ver qué pasará en los próximos capítulos de esta crónica de un gobierno moribundo. Todavía hay mucho ruido en la discusión pública, mucha turbulencia de ideas, mucha confusión e incertidumbre en las redes sociales, en los medios, en la calle, entre la gente. Y, a juzgar por lo que está pasando aquí y en el mundo, el “new normal” de un nuevo precariado social se sigue cocinando en los sótanos del estado corporativo.

Todavía no sabemos cuál es la verdadera historia de esta deuda, si es que hay una verdadera, si es que alguna vez la sabremos. Solo vemos la punta del témpano y el neufragio. Sabemos, eso sí, que no hay desnudez donde meternos.

Pero, Chaco, saca las badanas que la gente se está organizando.

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Aquí termino, por ahora, este trabajo en progreso. La información y los datos que presento están contenidos en mi archivo, no son de mi invención, solo su interpretación. Mi voz no es pues la del oficio de un observador imparcial, sino la de un testigo de cuerpo presente que sufre indignado la avaricia y mezquindad de los políticos y de sus políticas que nos han metido en esta burundanga fiscal.

Chaco, nos vemos en seis meses, al final de este año fiscal, con otra entrega de esta crónica de una crisis crónica.

Prof. Ricardo Cobián Figeroux, Ph.D.

Universidad de Puerto Rico

16 diciembre de 2016

Notas

1. El título de este trabajo no pretende establecer un diálogo con el ensayo “El país de cuatro pisos” de José Luis González, ni seguir su estructura, solo canibalizar la metáfora de los pisos, pero invertida a modo de oscura alegoría que ha tenido a distintos niveles la crisis fiscal y económica del país. La metáfora del sótano ilustra pues los turbios manejos, las componendas y complicidades en torno al problema de la deuda fiscal de Puerto Rico. La ordenación en cuatro partes de este ensayo de ideas es fluida por lo que tampoco procura establecer una relación literal con cada “sótano”.↩
2. Dada la complejidad técnica de este asunto y la profusión de datos, he optado por una introducción con estilo más libre, coloquial y narrativo. Alejado hasta cierto punto de la llamada objetividad periodística o académica, lo que no significa en absoluto el valor documental de una y la otra, en especial del periodismo investigativo como fuente primaria, razón principal de este trabajo.↩